Falsificaba facturas de clientes y las vendía a otras personas

Una larga investigación de la Fiscalía logró llevar a juicio oral por delito tributario al contador de Talca Juan Carlos San Cristóbal Cisterna, de 57 años de edad, y luego de la presentación de pruebas lograr su condena por este ilícito que causó un perjuicio fiscal cercano a los 10 millones de pesos, afectó a cuatro contribuyentes que contrataron su asesoría profesional e involucró montos cercanos a los 60 millones de pesos. 

El fiscal a cargo de la indagación, Miguel Ángel Orellana, explicó que se trata de “un contador que hacía análisis contable y presentación de documentación en el Servicio de Impuestos Internos a distintos contribuyentes. Se aprovechaba del nombre de contribuyentes para los que trabajaba, duplicó facturas de esos contribuyentes para vendérselas a otros para los que también trabajaba. Entonces las personas cuyo nombre utilizaba no tenían conocimiento que sus facturas o el nombre de sus empresas estaban siendo utilizados para estos fines ilícitos. De hecho había gente de Chillán, Santiago y de Talca”.

Los hechos investigados ocurrieron entre los años 2002 y 2003, por los cuales el Servicio de impuestos Internos (SII) presentó una querella criminal en contra de San Cristóbal Cisterna.

Durante la investigación la Fiscalía realizó pericias caligráficas que probaron que el propio imputado era quien escribía las facturas. Se acreditó la existencia de 18 facturas, incluso con timbre y cuño falso del SII. Esos antecedentes fueron expuestos en el juicio oral, instancia en la que el imputado declaró reconociendo su participación en los delitos.

De acuerdo a su extracto de filiación y a la declaración del imputado en el juicio en la que explicó la forma como llenaba las facturas, el tribunal reconoció las circunstancias atenuantes de irreprochable conducta anterior y colaboración en la investigación sentenciándolo a cumplir tres años de presidio con el beneficio de la remisión condicional de la pena. A ello se suma una multa de 20 Unidades Tributarias Mensuales.

La causa fue investigada por la Unidad de Casos de Alta Prioridad, creada por el Fiscal Regional Mauricio Richards y cuyo coordinador es el fiscal Miguel Ángel Orellana.

Paredes ya había sido condenado por amenazas a mediados de este año.

Curicó.- En audiencia de formalización realizada este jueves, el juzgado de garantía decretó prisión preventiva por noventa días para el empresario curicano Luis Paredes por el delito de amenazas de muerte en contra de un tercero.

Los hechos se registraron este miércoles cuando el empresario imputado esperó alrededor de su automóvil a una ex trabajadora de sus empresas a la que una vez que llegó al lugar, encaró y amenazó de muerte tanto a ella como su hijo de sólpo doce años, todo esto en la vía pública.

Según lo relatado en la audiencia, el imputado estaría intentando recuperar veinte millones de pesos que él habría prestado a la víctima luego de un confuso episodio de una supuesta relación sentimental.

Según el imputado, esta mujer le habría seducido a través de mensajes y cartas de carácter amoroso para luego pedirle el dinero, a lo que habría accedido y desde entonces no supo más de ella, por lo que comenzó a buscarla y la encontró en la calle donde se habrían producido las amenazas.

La víctima al verse desesperada llamó a carabineros que finalmente detuvo al empresario por el delito de amenazas.

Considerando que el imputado ya había sido condenado este año por un delito de similares características, es que a petición de la parte demandante, y en acuerdo con la defensa, el tribunal dictaminó un plazo de noventa días de prisión preventiva para Luis Paredes, pero que esta vez deberá cumplir en la clínica siquiátrica Santa Sofía de Santiago.

Fiscalía logró acreditar los delitos:

Un total de 10 años y un día de cárcel deberá cumplir un sujeto que durante cuatro años atacó sexualmente al hijo de su pareja, con quien tenía una relación paternal dado el tiempo que llevaba de convivencia con su madre y hermano.

La Fiscalía comenzó a investigar el caso el 2009, año en que el menor interpuso la denuncia por abuso sexual y violación. Con el avance de las diligencias, la Fiscalía logró reunir antecedentes que daban cuenta que los hechos se repitieron durante cuatro años, es decir 2005, 2006, 2007 y 2008 y que comenzaron con tocaciones, pero posteriormente derivaron en acceso carnales, tanto en el hogar familiar, como en campamentos al que víctima e imputado iban en la precordillera de la zona maulina.

“Esta situación se volvió repetidita. Cuando el muchacho se dio cuenta que esto no estaba bien, el imputado comenzó a golpearlo e intimidarlo (…) El 2009 la víctima hace los primeros relatos a miembros de su familia y posteriormente se interpone la denuncia”, explicó el Fiscal José Luis González, quien investigó el caso y lo llevó a juicio oral.

La sentencia también establece que luego de cumplir los 10 años y un día de cárcel, el imputado quedará sujeto a la vigilancia de la autoridad por otros 10 años.

En Molina

SENTENCIA POR HOMICIDIO SIMPLE CONTRA QUE REO QUE APUÑALÓ A COMPAÑERO DE CÁRCEL 

El 22 de noviembre del año 2010 cerca de las 12:30 horas al interior del centro de cumplimiento penitenciario de Molina dos personas Germán Olave Poblete hoy de 24 años y Nelson Vásquez Cornejo participaron en una riña donde producto de las heridas cortantes recibidas, éste último perdió la vida.

Tras largos meses de investigación la Fiscalía determinó acusar al autor por el delito de homicidio simple.

El Fiscal Jefe de Molina Miguel Gajardo señaló que “durante el curso de la investigación al igual que en el juicio oral se argumento por parte de la defensa, la tesis de una posible legítima defensa por parte del acusado en el sentido de que la persona fallecido intentó atacarlo al interior de la cárcel y él solo se habría defendido. Sin embargo la Fiscalía pudo acreditar que hubo de parte del acusado una acción tendiente de alguna forma a motivar la acción de la persona fallecida, y así no se cumplía los requisitos legales para la legítima defensa”.

La tesis de la Fiscalía fue acogida por el Tribunal Oral, descartando así lo argumentado por la defensa, resolviendo finalmente condenar a Olave Poblete por homicidio simple al establecer una legítima defensa INCOMPLETA, razón por la cual la sentencia fijada, sin ningún tipo de beneficio, es de OCHOCIENTOS DIEZ DÍAS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MEDIO.

En juicio repetido por la muerte del estudiante de 15 años Gabriel Espinoza Silva, fue sentenciado Elías Joel Pavéz Rivano a cumplir una pena de QUINCE AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÁXIMO. Pavéz Rivano la madrugada del día 21 de junio del año 2009 y en compañía de otros sujetos, llegó hasta una plazoleta de la Villa Universitaria de Talca donde con un arma blanca agredió a Espinoza  falleciendo en el mismo lugar.

Pero estos hechos también tuvieron a otros protagonistas que formaron parte del grupo de agresores que atacó al estudiante y a dos de sus amigos. De esta forma la Fiscal Paula Rojas, especialista en delitos violentos, pudo acreditar en el juicio oral que tres personas más actuaron en contra de los tres estudiantes. Por ello el menor de edad de iniciales J.R.H.  fue condenado a sufrir una pena de TRES AÑOS EN REGIMEN SEMICERRADO con programa de reinserción social por el delito de homicidio simple, en grado de frustrado. Por su parte, Camilo Cerda Iturra fue sentencia a 300 DÍAS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÍNIMO, por el delito de lesiones menos graves. Y finalmente Maximiliano Quezada Farías deberá pagar una multa de 8 Unidades Tributarias Mensuales también por el delito de lesiones menos graves.

A lo anterior se le suma como condena a Elías Joel Pavez Rivano el pago de una indemnización por daño moral de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS a favor de los padres del menor que perdió la vida.

El condeno J.R.H. deberá pagar una suma de VEINTE MILLONES DE PESOS, a favor de los padres de uno de los amigos de Gabriel por el delito de homicidio frustrado, Y Camilo Cerda Iturra  fue condenado al pago de UN MILLÓN DE PESOS a favor del joven que resultó con lesiones menos graves.

La Fiscal Paula Rojas señaló que “se ha condenado a una de las personas respecto de las cuales se ha formalizado a una pena de 15 años y un día de presido mayor en su grado máximo por el delito de homicidio calificado. Ahora una vez que la causa esté completamente ejecutoriada se disponga el cumplimiento la sentencia en todas sus partes tanto en el aspecto penal como civil.”.

Hechos ocurrieron en casa del imputado, ubicada en sector Abranquil de Yerbas Buenas:

PRESIDIO PERPETUO SIMPLE PARA VIOLADOR Y ABUSADOR SEXUAL QUE ATACÓ REITERADAMENTE A CUATRO MENORES DE EDAD

“Se trata del delito de abusos sexuales reiterados en perjuicio de cuatro menores de edad y violación reiterada en perjuicio de tres menores de edad. Eso implica pluralidad de víctimas. Los delitos de violación y abuso sexual a menores de 14 años de edad tienen ya asignadas penas altas en el Código Penal. Entonces el número de víctimas y la reiteración hace que el tribunal eleve la pena a un presidio perpetuo simple que no le permite optar a beneficios al imputado sino después de 20 años”, dijo la Fiscal Jefe de Linares, Mónica Cánepa, al término de la audiencia de lectura de sentencia en la que el Tribunal Oral de Linares impuso presidio perpetuo simple al sujeto acusado por la Fiscalía.

El caso fue conocido públicamente en enero de 2010 cuando se supo de la detención del imputado luego que durante cuatro años atacara sexualmente a menores de edad que en esa fecha tenían entre 8 y 11 años. El fallo dio por acreditado que el imputado se aprovechaba de la confianza que tenían en él los padres de los niños, quienes incluso autorizaban a los menores para que durmieran en su casa.

Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó variadas pruebas, tales como testimonios de peritos y de los propios niños afectados. Los menores han sido atendidos por la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía del Maule.

Azuzaron a dos perros pitbull a atacar a coker

La Fiscalía logró que el Juzgado de Garantía de Cauquenes condenara en juicio simplificado a dos adolescentes de 15 y 16 años de edad, por el delito de maltrato animal registrado en julio del año 2010.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, los menores llegaron hasta el sector Villa Merced de Cauquenes, sustrajeron un perro raza cocker spanier desde una casa y lo llevaron hasta un sitio eriazo donde tenían dos perros raza pitbull, que atacaron a la indefensa mascota, de dos años de edad, hasta causarle la muerte.

“Los imputados azuzaron a dos perros pitbull que estaban con ellos a atacar a un perro raza cocker perteneciente a una vecina del sector a quien se lo habían sustraído y llevado a ese lugar, para que fuera atacado por los animales. A raíz de ese ataque, el animal más pequeño fue prácticamente destrozado por los animales”

La sentencia que el tribunal imponga a los condenados se dará a conocer en audiencia pública el próximo jueves 21 de abril a las 11:30 horas.

Una denuncia emanada por el Hospital Regional de Talca dando cuenta de los hechos permitió que la Fiscalía iniciara de inmediato una investigación deteniendo a Catherine Joanna Bravo González de 20 años, quien según las diligencias encargadas por la Fiscal Paula Rojas a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, hace un mes cometió el delito de aborto.

“La mujer tenía aproximadamente seis meses de embarazo y adquirió vía Internet una sustancia que es conocida para provocarse aborto mediante la dilatación del cuello uterino. Hoy compareció ante el Tribunal donde fue formalizada y condena en juicio abreviado por el Tribunal a 541 días de presidio menor en su grado  medio.”Afirmó la Fiscal Rojas

Al no contar con antecedentes penales, reconociendo además los hechos y su participación, la mujer fue objeto del beneficio de remisión condicional de la pena.

Fiscalía logró condena en juicio oral

Una pena efectiva de 541 días de presidio arriesga el imputado Marco Antonio Lizana Letelier quien fue llevado a juicio por la Fiscalía y declarado culpable por el Tribunal Oral de Talca, como autor del delito de poner en circulación billetes que asemejan los de curso legal.

 Luego de haber consumido bebidas alcohólicas al interior de un pub de Talca, pagó con un billete de 10 mil pesos que, verificada su autenticidad con una máquinas ultravioleta que tienen algunos locales comerciales, se determinó su falta de autenticidad porque no tenía los elementos distintivos de los billetes verdaderos”, explicó el Fiscal Carlos Altermatt, quien agregó que el imputado fue detenido de inmediato por personal de Carabineros, mientras portaba otros cinco billetes (de 10 mil peso) falsos y se acreditara que había pagado otros consumos en el mismo local con dinero falsificado.

El caso fue debatido hoy en juicio oral en la capital del Maule, instancia en la que el Fiscal presentó los medios de prueba que reunió en la investigación. En dicha instancia y haciendo presente que el imputado registra condenas previas, el Fiscal solicitó a los jueces que impongan una pena de 541 días de presidio efectivo.

El Tribunal Oral de Talca dará a conocer su decisión al respecto el viernes 21 de enero a las 16 horas.

Por ejercer ilegalmente la profesión de abogado un imputado identificado como Carlos Andrés Palacios Gaete (39), fue condenado hoy a cumplir una pena efectiva de 61 días de presidio y a pagar una multa de una Unidad Tributaria Mensual (UTM), luego que ayer compareciera a una audiencia judicial en dicha calidad.

El Fiscal Jefe de Molina, Miguel Gajardo, explicó que el imputado compareció ante el Juzgado de Garantía de Molina junto a su supuesto cliente para representarlo en una audiencia. “Se identifica como abogado, hay registro de audio y cuando la magistrado le solicita su patente profesional, manifiesta no tenerla y al solicitar su cédula de identidad para verificar con el sistema de la Corte Suprema donde está la nómina de abogados, señaló no tenerla. Esto pareció sospechoso, la magistrado señaló que no podía comparecer en esas condiciones y se solicitó un defensor penal público que representó al imputado”.

La Fiscalía siguió investigando estos antecedentes, estableciendo su identidad y comprobar que no tenía registro alguno como abogado en la Corte Suprema. “Por esa razón se solicitó una orden judicial de detención que se concretó ayer en la tarde. Se hizo procedimiento simplificado inmediato y condenado a 61 días efectivos, ya que registra condenas previas”, precisó Miguel Gajardo.

Para el cumplimiento efectivo de la pena, el Fiscal hizo presente que el imputado recuperó su libertad en octubre de 2010 luego de permanecer 12 años en prisión por su responsabilidad en diversos delitos económicos, como estafas, falsificaciones de instrumentos privados, entre otros.