Tras varios meses de investigación y teniendo a la vista las resoluciones de la Corte de Apelaciones de Talca y la Corte Suprema, la Fiscalía mantiene en su poder los antecedentes necesarios para formalizar cargos  en contra del Seremi de Educación Ricardo Díaz a quien en audiencia pública se le comunicó que el Ministerio Público ha iniciado una investigación en su contra por el delito de prevaricación.

Los hechos se fundamentan en las determinaciones administrativas adoptadas por el Seremi quien según lo argumentado en audiencia pública  por la Fiscal Paula Rojas "esto dice relación con las resoluciones de orden administrativo manifiestamente injustas y que fueron confirmadas por la Ilustrísima Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. La primera de ellas - afirma la Fiscal - declarada ilegal y la otra arbitraria. Estas tienen relación con el término anticipado del año escolar de los colegios San Andrés y, la segunda, se ordenó retener los dineros provenientes de subvenciones de ese colegio como una medida cautelar por eventuales infracciones a la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza, lo que fue declarado como medida arbitraria por los Tribunales".

En el segundo caso se tuvo en consideración los montos desproporcionados que fueron retenidos ya que la suma total fue de 150 millones de pesos y lo acreditado para cautelar la presunta infracción no es mayor a 30 millones.

En la audiencia se fijó además fecha para el 28 de septiembre próximo para una nueva audiencia de formalización de cargos en contra de Ricardo Díaz, en este caso por el presunto delito de negociación incompatible.